Llegaron a España desterrados directamente de las terribles cárceles de la dictadura de los Castro, con importantes secuelas físicas y psicológicas después de haber estado recluidos siete años y el Gobierno de Zapatero les niega la condición de asilados y refugiados políticos. Además quieren obligarles –dentro del apaño entre Moratinos y los Castro– a toda costa a dispersarse por España, contra su voluntad, para que Madrid no se convierta en una referencia de la disidencia anticastrista.

Ante esto la respuesta de María Jesús Arsuaga en declaraciones a El Confidencial, presidenta de la llamada Comisión Española de Ayuda al Refugiado –organización que junto a la Cruz Roja y Asociación Comisión Católica Española de Migración se encarga, con fondos públicos, de su alojamiento y manutención en un modestísimo albergue de un polígono industrial de Vallecas en Madrid– es presentarlos como unos caprichosos que "se quejan de vicio". Arsuaga llega a decir, sin sonrojarse, que este albergue destinado a inmigrantes sin recursos –sin apenas ventilación, con baños compartidos, aislado en un polígono industrial...– sería "un lujo para muchos españoles" porque "disponen de todas las condiciones básicas para vivir: comida, cama, medicamentos, habitaciones, agua". En estas "lujosas habitaciones" conviven con sus enteras y "encima se quejan" dice Arsuaga.